Los tratados de libre comercio y los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRIs) de los que México es parte, tienen como objetivo promover la inversión extranjera, garantizar a ésta un trato bajo ciertos estándares, así como la previsibilidad y estabilidad del marco legal sobre inversión. Además, establecen un mecanismo de solución de disputas donde los inversionistas extranjeros pueden dirimir una controversia con el país de establecimiento, sin la necesidad de recurrir a su propio gobierno para presentar la reclamación, evitando así que el caso se politice. Asimismo, estos pueden acceder a una indemnización si el país es condenado por incumplir sus compromisos.
Según la Secretaría de Economía, quien se encarga de la defensa en esas disputas, desde 1997 hasta 2022 se concluyeron 23 demandas contra México, donde se reclamaron más de 3,362 millones de dólares como indemnización, en el marco del TLCAN y diversos APPRIs.
De ellos, nueve fueron resueltos a favor de los inversionistas extranjeros a los que México pagó más de 260 millones de dólares como compensación, sin considerar intereses u otros gastos. En el caso de Cargill, concluido en 2009, México pagó 79.3 millones de dólares, la mayor cifra pagada hasta el momento. Asimismo, 12 de ellos fueron resueltos a favor de México y dos no continuaron, por lo que el país no tuvo que pagar indemnizaciones, aunque sí tuvo que destinar recursos para su defensa.
Adicionalmente, la Secretaría de Economía reporta que existen 14 avisos de inversionistas extranjeros con la intención de someter una reclamación a arbitraje contra México; es decir, que esperan llegar a una solución con el gobierno antes de iniciar una disputa internacional, aunque en la práctica es poco común que eso suceda. De ellos, 13 se presentaron de 2018 a la fecha, siendo 2020 el año de mayor frecuencia, con cinco notificaciones.
Además, dicha Secretaría enlista 13 casos activos que están siendo litigados desde 2015 a la fecha; de ellos, cuatro iniciaron en 2023. En los casos activos se reclaman más de $8,594 millones de dólares de indemnización, sin considerar los casos que no revelan una cantidad. Esta cifra es 33 veces mayor que el monto pagado por México en los casos que ha perdido en 25 años.
Sin embargo, los números de avisos y casos activos contrastan con los del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (ICSID, por sus siglas en inglés), quien administra los procedimientos de arbitraje, que reporta nueve arbitrajes iniciados contra México bajo el TLCAN y el TMEC en 2023; el mayor número en un año. De estos, tan sólo en julio se registraron cuatro de First Majestic Silver (alimentos), Silver Bull Resources (minería), Arbor Confections (alimentos) y Mario Noriega (transporte), presumiblemente derivados de políticas de la presente administración. El monto reclamado total se desconoce.
Este aumento exponencial de reclamaciones pondrá a prueba la capacidad de respuesta del gobierno mexicano para atender las preocupaciones de los inversionistas y evitar que escalen a una demanda internacional; además, se tendrán que destinar más recursos para su defensa. Asimismo, de resultar México condenado, tendrá que pagar indemnizaciones, dejando de destinar presupuesto a otros temas prioritarios para el país, con la posibilidad de desalentar la inversión futura.
Si México desea evitar un aumento de demandas, así como promover la permanencia y atracción de inversiones extranjeras -en especial para aprovechar las oportunidades del nearshoring-, las acciones del gobierno mexicano deberán ser compatibles con sus obligaciones internacionales, garantizar el Estado de Derecho y propiciar un clima de negocios favorable para la inversión.
*Crista Pérez es Economista de BBVA México.
